Establece penas de prisión de 60 a 135 meses y multas de 134 a 43.750 salarios mínimos legales mensuales vigentes para quienes se apropien, capturen, mantengan, transporten, comercialicen o se beneficien de manera ilícita de recursos naturales renovables, incluyendo especies de fauna y flora.

Tipifica el tráfico de fauna, imponiendo penas similares para quienes trafiquen, adquieran, exporten o comercialicen sin los permisos correspondientes.

La pena se aumenta en una tercera parte a la mitad cuando la conducta implique la práctica de cercenar aletas de tiburones, rayas o quimeras y descartar el resto del cuerpo al mar.

Autoriza a las autoridades ambientales a imponer sanciones como amonestaciones, multas de hasta 100.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes, cierre temporal o definitivo del establecimiento, revocatoria de licencias, decomiso de especies y restitución de ejemplares.

• Implementa un sistema de información, registro y monitoreo para prevenir el tráfico ilegal de fauna y flora silvestre.
• Establece que las entidades de transporte y mensajería deben colaborar en la implementación de este sistema y en la capacitación de su personal para prevenir el tráfico de especies.